ESPAÑA CIRCULAR 2030: LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE ECONOMÍA CIRCULAR

El pasado viernes, 5 de junio, se publicó el documento relativo a “España Circular 2030: la estrategia española de economía circular” que fija las bases para impulsar un nuevo modelo de producción y consumo en el que el valor de los productos, materiales y recursos se puedan mantener en el ciclo económico durante el mayor tiempo posible, además de que se reduzcan al mínimo la generación de residuos y se aprovechen con el mayor alcance posible los que no se puedan evitar. Con esta estrategia se ha de lograr una economía sostenible, descarbonizada, eficiente en el uso de los recursos y competitiva. La estrategia se materializará a través de sucesivos planes de acción trienales.

Históricamente desde la Revolución Industrial, venimos de un modelo basado en extraer, producir, consumir y tirar. Este modelo se conoce como economía lineal y, como se ha visto, provoca numerosos problemas medioambientales cada vez más acuciantes: cambio climático, deforestación, destrucción de especies animales y vegetales, emisión de gases de efecto invernadero (GEI), por nombrar algunos.

El problema es bastante grave. Nombraremos un dato objetivo para que se vea la magnitud de la situación planetaria: según las previsiones de las Naciones Unidas, con las cifras de población estimadas para 2050, harían falta casi 3 planetas Tierra para proporcionar los recursos naturales necesarios para mantener los modos de vida actuales. Como de momento no tenemos 3 Tierras para habitar y explotar, se hace obligatorio adoptar nuevos modelos de producción y consumo que sean sostenibles para nuestro planeta. En concreto, y a nivel europeo, la Comisión Europea diseñó en 2015 su Plan de Acción para la Economía Circular bajo el lema “cerrar el círculo” y en él se señala que la economía circular debe ser una de las columnas vertebrales de la estrategia industrial de la Unión Europea (UE). La misma Comisión ha planteado en marzo de 2020 un nuevo Plan de Acción de Economía Circular para configurar una Política marco de productos sostenibles, en concordancia con la declaración de emergencia climática del Parlamento Europeo y el Pacto Verde Europeo para convertir Europa como el primer continente climáticamente neutro en 2050. El citado Plan pone especial atención en los sectores que tienen mayor repercusión ambiental y que son el textil, la construcción, la electrónica, vehículos y baterías y alimentación, junto con los materiales de alto impacto como el acero, el cemento y los productos químicos. Este Plan de Acción refuerza otras Estrategias ya aprobadas como la actual Estrategia Europea de Bioeconomía y la Estrategia Europea de Plásticos.

Es, en este contexto europeo, que nace la Estrategia de Economía Circular, “España Circular 2030”, para facilitar y promover la transición hacia la economía circular en España con la participación y colaboración de todas las administraciones, todos los sectores productivos y de servicios y la sociedad.

Volviendo a Europa, cabe destacar, en el contexto de transición hacia una economía circular, la importancia que ha tenido el Programa Marco de Investigación e Innovación de la UE, el conocido Horizonte 2020, por el que se destinaron casi 1.600 millones de euros a la implementación de la etiqueta Economía Circular. Para 2021, Horizonte Europa tomará el relevo de Horizonte 2020 para dar respuesta a los retos que se plantean dentro del Pacto Verde. Todo ello contribuirá al crecimiento económico de Europa en una sociedad post-petróleo, donde se priorizará la sostenibilidad y el medioambiente. Será, por tanto, vital el proceso de elaboración y adopción del nuevo ciclo presupuestario 2021-2027 que se está negociando en la UE.

España, como miembro de la UE, jugará un papel primordial para la implementación de la economía circular pues es la quinta mayor economía europea y está en buena posición para convertirse en un referente internacional en esta nueva economía. El objetivo español es crecer de manera sostenible por lo que es necesario rediseñar los modos de producir y consumir. Eso sí, hay un largo camino por recorrer ya que todavía existe un gran desperdicio de recursos en nuestra economía, recursos que, además, son cada vez más escasos y caros. Por eso, existen grandes retos para introducir la economía circular en todos los niveles. La política española deberá facilitar a las empresas está transición hacia la nueva economía, promoviendo el crecimiento del tamaño de las empresas para que puedan ser más eficientes en la consecución de los objetivos de sostenibilidad. Deberá también fomentar el crecimiento del “empleo verde”, tales como los trabajos en los sectores de producción de energías renovables, e implementar la “Contratación Pública Verde” adaptada al Nuevo Plan de Acción de la UE en esta materia.

Así, la Estrategia Española de Economía Circular fija como objetivos para el 2030 los siguientes: reducción en 30% del consumo de materias en relación con el PIB; reducción de generación de residuos en 15% respecto a 2010; reducción media de 35% de los residuos en la cadena alimentaria; incremento del 10% en reutilización de los residuos municipales generados; reducción de emisión de GEI por debajo de los 10 millones de toneladas de CO2eq y mejora del 10% en el uso del agua. España Circular 2030 se configura, entonces, como el documento marco que permitirá el avance en la transición hacia la economía circular a través de varios planes de acción en las áreas de producción, consumo y gestión de residuos, uso de materias primas secundarias, reutilización y depuración del agua, sensibilización y participación de la ciudadanía, investigación e innovación, así como en el empleo y formación. No en vano habrá seis sectores prioritarios de actuación. El primero es el sector de la construcción pues genera el 40% de los residuos y emite el 35% de GEI. La Directiva 2018/851/UE ya insta al gobierno español a fomentar la demolición selectiva por lo que deberá incorporarse a nuestro cuerpo normativo una futura Ley de Residuos.

El segundo es el sector de agroalimentación al ser la industria con mayor volumen de facturación y gran generador de empleos. Deberá acelerarse el avance hacia la circularidad con nuevos sistemas de riego, ganado autóctono mejor adaptado al territorio, renovación y modernización de flota pesquera para así introducir productos con altos estándares de calidad adaptados a la nueva economía circular.

Como tercer sector destaca el industrial, ya que deberán cambiarse los modelos de negocio y el funcionamiento de los procesos de las industrias. El uso intensivo de las tecnologías será un mandato para las empresas. Por ejemplo, la computación en la nube reducirá la demanda de consumibles como el papel y la tinta, además de que el teletrabajo incrementará la calidad de vida de las personas.

En cuarto lugar, el sector de bienes de consumo debe ir encaminado a aumentar la vida útil de los productos, reduciéndose la obsolescencia programada, sobre todo en el consumo de productos y componentes electrónicos. El consumo intensivo será parte del pasado ya que se anuncia el desarrollo de normativa europea para una Política Marco de Productos Sostenibles.

La quinta posición la ocupa el sector turismo pues es el motor de la economía española, donde cobrará gran importancia la mejora del recurso hídrico ante el gran consumo de agua en zonas turísticas.

Por último, el sector textil requeriría mayor sensibilización ambiental y cambios de conducta en los consumidores que se hará a través de los medios legislativos que fomenten, por ejemplo, el incremento del reciclado de ropa y el uso de fibras naturales.

Para llevar a cabo todos esos objetivos ya se anuncia la importancia que cobrarán todos los instrumentos normativos y económicos al alcance de todas las administraciones implicadas. Habrá, por tanto, modificaciones normativas de gran magnitud, y en este sentido, la fiscalidad resulta relevante para mejorar la eficiencia del uso de materiales y eliminar el “turismo de residuos”, así como políticas económicas concretadas en instrumentos tales como créditos, ayudas y subvenciones gracias a la reciente aprobación del paquete normativo sobre finanzas sostenibles de la UE y nuevas políticas industriales impulsadas por nuevas Directivas desde la UE.

Será el nuevo Consejo de Economía Circular en España el que hará el seguimiento de que se va aplicando este nuevo modelo económico y elaborará las propuestas anuales en el marco de esta Estrategia.

En conclusión, la implementación de este nuevo modelo económico, la Economía Circular, se hace preceptiva porque, hoy por hoy, Tierra no hay más que una.

Celsa Núñez

cnunez@verdialegal.com

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EL HIDRÓGENO Y OTROS GASES RENOVABLES

El gas natural ha sido uno de los principales impulsores de la rápida substitución en la Unión Europea (UE) del carbón como combustible y está siendo un respaldo importante para la intermitente generación renovable de electricidad. A su vez, la industria gasista tanto a nivel europeo como nacional, está preparando su descarbonización y su transición hacia los llamados “gases renovables”, el biogas y biometano así como el hidrógeno, los cuales no hay duda que desempeñarán en el futuro un papel más importante en el sistema energético de la UE.

En los últimos meses el hidrógeno, considerado el vector idóneo para conseguir los objetivos de descarbonización del sector  energético, está presente en la mayoría los debates sobre transición energética tanto a nivel europeo como nacional. Precisamente la Comisión Europea publicó el pasado 26 de Mayo una consulta pública sobre su hoja de ruta para la estrategia de hidrógeno de la UE, estrategia que está previsto se publique el próximo 24 de Junio junto con la estrategia de la UE para una integración sectorial inteligente.

La Comisión Europea considera que “el hidrógeno limpio” será esencial para ayudar a reducir las emisiones de C02 de una forma económicamente eficiente y poder alcanzar la neutralidad climática en el 2050, en línea con el Pacto Verde Europeo (European Green Deal). A más corto plazo, el hidrógeno junto con los otros gases renovables contribuirá a cumplir los ambiciosos objetivos de reducción de emisiones de C02 en un 50-55% en el 2030, anunciados por la Comisión en su Propuesta de Ley Europea del Clima en Marzo de este año. Asimismo, el hidrógeno y los gases renovables también deberían ayudar a la recuperación de la UE del impacto económico sufrido por el COVID-19.

La estrategia europea del hidrógeno pretende ser un impulso del “hidrógeno limpio” ya que actualmente de los 9.8 millones de toneladas de producción de hidrógeno en la UE, sólo el 4% es renovable. Según señaló la Comisaria de Energía Kadri Simson en su reciente comparecencia ante el Comité de Industria y Energía del Parlamento Europeo (ITRE), la Comisión estudiará cómo reforzar e impulsar la producción competitiva y el uso innovador del hidrógeno “limpio” y las infraestructuras necesarias para su integración así cómo acelerar su investigación para reforzar el liderazgo industrial de la UE en el desarrollo de esta tecnología.

La Comisión al igual que un gran número de Estados Miembros, entre ellos España, creen que el hidrógeno “limpio” -producido a través de la electrólisis del agua utilizando electricidad renovable-, desempeñará un papel clave en la descarbonización de sectores en los que la electrificación u otras alternativas podrían no ser factibles o ser más caras, cómo es el caso del trasporte pesado y de largo alcance o el de los procesos industriales intensivos en energía. También el hidrógeno puede proporcionar almacenamiento a largo plazo y flexibilidad al sistema energético. El hidrógeno renovable tiene la capacidad de contribuir a la integración de la generación de electricidad renovable al “desacoplar” la producción de energía del uso, tanto en la ubicación como en el tiempo.

Un gran reto que plantea el hidrógeno es la logística y por ello el desarrollo de infraestructuras para el transporte de hidrógeno será también clave para su implementación y desarrollo ya que el coste de su transporte es hoy muy alto en relación con los costes de su producción. Hay que tener en cuenta que el hidrógeno tiene que producirse en aquellas zonas con mejores condiciones para estas tecnologías (ejemplo: PV en el sur de Europa, eólica off-shore en el Norte de Europa) y de allí transportarse a los puntos de consumo. La reutilización de las redes de gas hoy existentes para el transporte de energía limpia en la forma de hidrógeno puede ser una oportunidad.  Una posibilidad es que a corto plazo su producción debería hacerse cerca del punto de consumo para hacerlo técnicamente más viable sin descartar a medio y largo plazo su inyección en red.

España se ha adelantado a la UE y ya el pasado 8 de abril de 2020 el Ministerio para la Transición Ecológica abrió una consulta pública sobre “la hoja de ruta de hidrógeno renovable en España” con el fin de guiar su desarrollo e implantación, identificar las posibles barreras, proponer medidas regulatorias y favorecer la inversión.

El vecino Portugal, algo más adelantado aprobó el pasado 25 de mayo su estrategia para el hidrógeno que viene acompañada de una inversión de 7 mil millones de euros. Alemania presentó en febrero de este año su proyecto de estrategia de hidrógeno, una apuesta fuerte para fomentar el uso del hidrógeno obtenido a partir de fuentes renovables, con el objetivo de que al menos el 20% del hidrógeno de Alemania se produzca a partir de energías renovables en el año 2030, lo que incluye la construcción de tres a cinco GW de electrolizadores; la estrategia prevé una inversión de 300 millones de euros exclusivamente en proyectos de investigación así como planes para crear una red de hidrógeno puro. Se espera que Alemania utilice su Presidencia del Consejo de la UE a partir del próximo 1 de Julio para impulsar la anunciada estrategia de hidrógeno a nivel europeo.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) dedica su medida 1.8 al fomento de los gases renovables, principalmente pero no exclusivamente, el biogás, el biometano y el hidrógeno de origen renovable. Al igual que la Comisión Europea, el Gobierno considera que los gases renovables constituyen uno de los vectores energéticos que puede emplearse tanto para la generación de electricidad como para cubrir la demanda en procesos industriales de alta temperatura y, también, en el transporte pesado. También el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética remitido a las Cortes el pasado 19 de mayo, continua en su artículo 10 en la misma línea de fomentar mediante la aprobación de planes específicos la penetración de los gases renovable y se prevén como posibles medidas la fijación de objetivos anuales de penetración de los gases renovables en la venta o consumo de gas natural y regulaciones que favorezcan la inyección de dichos gases renovables en la red de gas natural.

El gas renovable ofrece un abanico de posibilidades y oportunidades, es inyectable en red y perfectamente utilizable por los aparatos que consumen gas. Entre las aplicaciones del uso final del hidrógeno destacamos aquellas áreas de la industria y el transporte en las que la electricidad difícilmente podrá jugar un papel importante:

  • Hidrógeno como combustible en la aviación, transporte marítimo, trenes y transporte rodado pesado, ya sea como hidrógeno o como combustible renovable a base de hidrógeno
  • Hidrógeno en la industria química, del acero, cemento y fertilizantes
  • Hidrógeno en el sector eléctrico: almacenamiento de energía eléctrica a gran escala y estacional, aplicaciones en la cogeneración y turbinas
  • Hidrógeno en el sector de la calefacción: cogeneración, aparatos de hidrógeno, calor industrial

En resumen, varias son la señales legislativas tanto en Europa como en España de que los gases renovables van a ser un vector importante para una transición energética limpia y verde, que en estos momentos en los que estamos inmersos ante la crisis sanitaria tiene que ser un motor de recuperación en línea con el “European Green Deal».

Carmen Gimeno

Socia Verdia Legal

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Blockchain y energía

Nos encontramos ante un cambio de paradigma mundial: de combustibles fósiles a energías renovables, de generación centralizada a generación distribuida, de crecimiento exponencial a desarrollo sostenible, de globalización a glocalización, de la competición a la cooperación… La descarbonización, la digitalización y la descentralización implican nuevas formas de operación y participación, así como la creación de nuevos mercados dentro del sector energético.

El blockchain tiene el potencial de racionalizar los procesos bajo los regímenes regulatorios existentes y facilitar nuevos modelos de negocio. Esta tecnología, que se inventó para coordinar actores distribuidos del mercado, prescindiendo de una autoridad central intermediaria, se presenta como una herramienta particularmente válida para coordinar de manera eficiente y segura un sistema cada vez más interconectado, con recursos energéticos distribuidos, intermitentes y flexibles.

Veamos pues algunas de las utilidades y ventajas que el blockchain puede aportar al sector energético:

Garantías de origen (GdO) y comercio de derechos de emisión de CO2
El objetivo de las GdO es informar al consumidor sobre el origen renovable de su energía y evitar el doble conteo para garantizar que no haya dos consumidores reclamando la misma electricidad renovable. Blockchain permite una mayor trazabilidad y previene el doble conteo a través de la criptografía y el consenso descentralizado.

Los contratos inteligentes podrían permitir que, a medida que se genera electricidad, se emitiera automáticamente un certificado de origen por cada MWh, y así se podría rastrear la propiedad en un registro distribuido (ledger). Además, este sistema simplificado y de menor coste podría abrir los mercados a productores de renovables y compradores de certificados más pequeños.

Por otro lado, un sistema peer-to-peer para el comercio de emisiones de CO2 permitiría la liquidación en tiempo real y reduciría los costes internos de administración y auditoría.

Transacciones peer-to-peer (P2P)
Una de las aplicaciones que tiene mayor potencial es en el mundo de las transacciones de igual a igual (peer-to-peer), al introducir un modelo que permitiría unos menores  costes de transacción al haber menos intermediarios. Los pequeños productores de electricidad podrían vender su exceso renovable a otros participantes.

Con contratos inteligentes (smart contracts), propios de la tecnología blockchain, se pueden realizar intercambios automáticamente usando las señales de precios y la producción de renovables en tiempo real. La capacidad de vender energía a precios de mercado a una red de iguales (P2P) proporcionaría incentivos para una mayor producción e integración de energías renovables distribuidas.

Sistemas de facturación de las empresas energéticas
Los sistemas abiertos de facturación blockchain promueven la estandarización de la gestión de las transacciones de electricidad en distintos lugares, lo que permitiría a los consumidores cambiar de suministrador más fácilmente, creando un mercado más competitivo.

Asimismo, estas plataformas de facturación descentralizadas permitirían a los consumidores acceso directo a sus datos y un potencial control sobre ellos. Los consumidores podrían permitir el acceso a sus datos a terceras partes, como agregadores de respuesta a la demanda.

Movilidad eléctrica
Otra de las aplicaciones más interesantes que ofrece la tecnología blockchain es en el ámbito de la movilidad eléctrica. Los propietarios de vehículos eléctricos serían capaces de detenerse en cualquier estación de recarga, incluidas las residenciales, que estuvieran registradas en una plataforma blockchain y podrían pagar en tiempo real, sin ningún intermediario centralizado requerido.

Financiación de energías renovables
Las ventas de tokens se están utilizando como una forma de recaudar capital para infraestructura. Los tokens en sí mismos van cambiando de manos como el dinero, pero su valor puede aumentar con el tiempo, como podrían hacerlo las acciones de una empresa. En cierto modo, los tokens representan el producto interno bruto (PIB) de un sistema: cuanto más se usa ese sistema, más valiosos devienen los tokens, al aumentar su utilidad.

Ciberseguridad de las redes
El blockchain puede mitigar los ciberataques contra la red eléctrica. Es difícil manipular los datos en una blockchain, al tratarse de una tecnología planteada a prueba de manipulaciones, y es fácil identificar cuándo y cómo ocurren los intentos de manipulación. Debido a los fuertes hashes criptográficos y los mecanismos de consenso descentralizados, los ataques a blockchain son costosos y poco prácticos.

Gestión de la red y operación del sistema
Los contratos inteligentes podrían indicar al sistema cuándo iniciar una operación específica, facilitando el control. Esto se basaría en reglas predefinidas, diseñadas para garantizar que todos los flujos de energía y almacenamiento están controlados automáticamente para equilibrar la oferta y la demanda.

El gestor de la red de distribución (DSO) y el gestor de la red de transporte (TSO) podrían operar plataformas blockchains autorizadas; todos los dispositivos conectados a su respectiva red también estarían conectados a su blockchain, permitiendo el seguimiento de todas las operaciones. Esto ayudaría al DSO y TSO no solo en la supervisión de sus redes, sino que también sabrían cuándo intervenir es necesario.

Una nueva red descentralizada, bidireccional, transparente y estable, donde cada recurso distribuido podría funcionar como un ecosistema operativo autónomo, es la extrapolación lógica de las tendencias tecnológicas contemporáneas y de la concienciación medioambiental creciente de la sociedad.

No obstante, dada la naturaleza altamente regulada del sector eléctrico, las políticas públicas y los reguladores determinarán en gran parte el nivel de contribución de la tecnología blockchain en el actual escenario de transición energética.

Carla Rubí

crubi@verdialegal.com

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LEY EUROPEA DEL CLIMA

El 4 de marzo pasado, la Comisión Europea presentó su propuesta de Ley Europea del Clima «Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el marco jurídico para lograr la neutralidad climática y se modifica el Reglamento para la Gobernanza de la Unión de la Energía (UE) 2018/1999«, que será vinculante y directamente aplicable a todos los Estados miembros el vigésimo día siguiente a su publicación, una vez el Reglamento sea aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo. Ésta es la primera ley europea sobre clima.

Tras la publicación del “Pacto Verde Europeo” -“European Green Deal”-por parte de la Comisión el 11 de Diciembre de 2019, la Comisión mantiene que la lucha contra el cambio climático es un reto y que, dado que el cambio climático es un desafío transfronterizo, se necesita una acción coordinada a nivel de la Unión para complementar y reforzar efectivamente las políticas nacionales y  lograr la neutralidad climática en la Unión Europea en el año 2050. Hay que tener en cuenta, que entre el año 1990 y el 2018 las emisiones de gases de efecto invernadero se redujeron un 23%, mientras que la economía experimentó un crecimiento del 61%. Con las políticas actuales la previsión de reducción de emisiones sería del 60% en el año 2050, por lo que según la Comisión todavía son necesarias más acciones en todos los sectores de la economía para alcanzar el objetivo de neutralidad climática.

Para esta primera ley europea del clima, la Comisión ha escogido la forma de un Reglamento puesto que es el tipo de norma que se ajusta mejor al cumplimiento del objetivo que se persigue, al garantizarse la directa aplicabilidad de sus preceptos. El Reglamento establece obligaciones para los Estados Miembros, la propia Comisión (evaluaciones, informes, recomendaciones, medidas adicionales y revisiones) así como para la Agencia Europea de Medio Ambiente.

Esencialmente, esta norma establece un objetivo vinculante a nivel de la Unión Europea de neutralidad climática para el año 2050, con el fin de mantener el aumento de la temperatura media global por debajo de 2ºC y realizar esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura más allá de 1,5ºC por encima de los niveles preindustriales, cumpliendo así con los objetivos del Acuerdo de París.

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento propuesto el objetivo vinculante de neutralidad climática, cubre todos los sectores y todos los gases de efecto invernadero – no sólo C02- y permite a la Comisión llevar a cabo una evaluación del impacto que supondría aumentar el objetivo actual acordado por la Unión para el año 2030 de un 40% de reducción de emisiones, a como mínimo el 50% o incluso hasta el 55%, comparado con los niveles de 1990. Este análisis se realizará antes del 30 de Septiembre próximo y tendrá en consideración el análisis que la Comisión realice de los Planes de Energía y Clima presentados por los Estado Miembros. Si del análisis resulta que es necesario modificar el objetivo actual de reducción de emisiones para el año 2030, la Comisión lo comunicará al Parlamento europeo y al Consejo.

Asimismo y antes del 30 de junio del 2021, la Comisión evaluará si la legislación europea que contribuye a la implementación del objetivo de reducción de emisiones para el año 2030, debería modificarse para lograr el objetivo de neutralidad climática.

Para el período 2030 a 2050, se faculta a la Comisión a adoptar los actos delegados necesarios para complementar el presente Reglamento, estableciendo una hoja de ruta para alcanzar el objetivo de neutralidad climática en el año 2050, teniendo en cuenta lo siguiente: rentabilidad y eficiencia económica, competitividad de la economía de la Unión, la mejor tecnología disponible, la eficiencia energética, el acceso de todos a la energía  y la seguridad del suministro, la equidad y la solidaridad entre los Estados miembros, necesidades en inversiones y que sea una transición justa para todos.

De conformidad con los artículos 5 y 6 de la propuesta de Reglamento, antes del 30 de septiembre del 2023, y posteriormente cada 5 años, la Comisión evaluará el progreso colectivo realizado por los Estados miembros y, si es necesario, tomará medidas para garantizar el progreso requerido hacia el logro del objetivo de neutralidad climática. La Comisión también evaluará la coherencia de las medidas nacionales de los Planes nacionales de energía y clima (PNIEC) y los informes bienales de progreso presentados por los Estados miembros y, de ser necesario, emitirá recomendaciones a quienes presenten medidas inconsistentes.

También la propuesta de Reglamento introduce modificaciones con respecto al Reglamento para la gobernanza de la Unión de la Energía (UE) 2018/1999, recientemente aprobado dentro del Paquete de Energía Limpia (Clean Energy Package),  que consisten en agregar el objetivo de neutralidad climática para 2050 como objetivo final a los diálogos multinivel sobre clima y energía que tienen lugar en cada Estado Miembro, a nivel de autoridades locales, sociedad civil, inversores y otros interlocutores relevantes.

Aunque la Unión Europea contribuye tan solo al 10% de las emisiones de efecto invernadero globales y que se necesita de la acción global de todos en la lucha contra el cambio climático, Europa quiere seguir liderando la transición global hacia la neutralidad climática.

Junto con la Ley del Clima, la Comisión también lanzó la convocatoria de tres consultas públicas: i) consulta pública sobre el pacto europeo sobre el clima ii) consulta sobre el mecanismo de ajuste en frontera del CO2 iii) consulta sobre la hoja de ruta para la revisión de la Directiva sobre fiscalidad de la energía.

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Gestión de la demanda y agregación: nuevas oportunidades para los consumidores

El empoderamiento de los consumidores y la posibilidad de participación activa en los mercados de la electricidad constituye uno de los objetivos de la Directiva (UE) 2019/944 de mercado  interior de la electricidad.

Esta concepción parte de la idea de que, a diferencia del pasado, en el que el consumidor tenía un papel pasivo y adquiría la energía a unos precios regulados, en el presente, el consumidor tiene la posibilidad de producir energía  -«prosumidor» – y asimismo vender la electricidad autogenerada, y participar en los mercados de electricidad, directamente o mediante agregación.

En un entorno de descarbonización  en el que se irán suprimiendo progresivamente las fuentes de energía con emisiones de efecto invernadero, y se irán sustituyendo por las energías renovables, los consumidores desempeñarán un papel relevante para dotar al sistema eléctrico de la flexibilidad que requerirá una generación de electricidad renovable y variable.

Por otra parte, la implantación de los contadores inteligentes, que posibilitan que el consumidor disponga de información en tiempo cuasi real, y por otra parte la digitalización y la evolución tecnológica, permiten la aparición de soluciones que les permiten tener un papel más activo en  la gestión de su demanda, y reducir su factura eléctrica.

En este nuevo escenario, la gestión de la demanda se convierte en una fuente de flexibilidad indudable para aportar la debida estabilidad al sistema. La propia Directiva de mercado interior define la gestión de la demanda como el cambio de consumo de electricidad por parte de los clientes finales, respecto de sus pautas de consumo normales o actuales como respuesta a las señales del mercado, incluidos aquellos en respuesta a precios o mediante pago de incentivos, para vender una reducción o incremento de demanda a un precio en un mercado organizado.

Unido a la gestión de la demanda, aparece la figura del agregador, como un nuevo sujeto participante en el mercado de electricidad que presta servicios de agregación, entendido como la función que combina múltiples consumos de clientes o electricidad generada, para su venta, compra o subasta en cualquier mercado de electricidad.

El agregador efectúa una función de intermediación entre grupos de clientes finales y el mercado. Por su parte, mediante la agregación, el consumidor se beneficia, consiguiendo una reducción del coste de aprovisionamiento de energía.

Con la publicación de la Resolución de la CNMC de 11 de diciembre de 2019, por la que se aprueban las condiciones relativas al balance, se ha dado un paso importante para la agregación. Así, se definen las condiciones para los proveedores de servicios de balance, permitiendo la agregación de las instalaciones de demanda, de almacenamiento de energía y de instalaciones de generación en una zona de programación.

Es por tanto, uno de los pasos necesarios para garantizar a los consumidores el derecho a participar en los mercados de electricidad y por tanto comercializar la flexibilidad aportada, mediante agregación. En definitiva, para que el consumidor pueda tener un papel activo.

 

 

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El “European Green Deal” de la nueva Comisión Europea

El pasado 11 de diciembre, la reciente estrenada Comisión Europea presidida por la alemana Ursula von der Leyen, presentó una Comunicación muy esperada sobre el “European Green Deal” (Acuerdo Verde Europeo) Según palabras de la Presidenta al Parlamento Europeo, el “European Green Deal” es “la nueva estrategia de crecimiento de la UE, que pretende posicionar a los europeos como líderes en tecnologías limpias y financiación verde”.

La Comunicación viene con una hoja de ruta para la acción que contiene 50 pasos prácticos para el logro de su ambicioso objetivo climático para hacer de Europa el primer continente sin emisiones en 2050. Establece ambiciones en varias áreas políticas, que incluyen entre otras clima, energía, transporte, industria, agricultura y medio ambiente.

La nueva Comisión cree firmemente que una mayor descarbonización es fundamental para alcanzar los objetivos climáticos de la UE en 2030 y 2050. Para ello la Dirección General para el Clima, liderada por el Vice-Presidente primero de la Comisión Europea y Comisario para el Clima, el holandés Frans Timmermans, está trabajando en una propuesta de “Ley Climática Europea” – la primera a nivel europeo – cuya publicación se espera el próximo 26 de Febrero de 2020. Dicha norma consagrará el objetivo de neutralidad climática para 2050. Seguidamente la Comisión propondrá antes del verano de 2020 un plan integral para aumentar el objetivo climático de la UE para el 2030 –y pasar del 40% acordado al 50% como mínimo con miras de llegar al 55%, en comparación con los niveles de 1990.

La Comunicación sostiene la importancia de priorizar la eficiencia energética (el objetivo europeo cuyo cumplimiento está más lejos de ser alcanzado ya para este año 2020), junto con preparar el sector eléctrico para basarse en fuentes de energía renovables, todo ello combinado con la eliminación del carbón y la descarbonización del gas. A su vez y para para garantizar la seguridad del suministro, la Comisión subraya la importancia de integrar, interconectar y digitalizar completamente el mercado energético europeo, respetando al mismo tiempo la neutralidad tecnológica, todo ello involucrando y para beneficio de los consumidores.  Paralelamente, la Comisión prevé una revisión del marco regulador de las infraestructuras energéticas, ya que las infraestructuras inteligentes son necesarias para la transición a la neutralidad climática. Según la Comunicación, el marco regulatorio debería «fomentar el despliegue de tecnologías e infraestructura innovadoras, tales como redes inteligentes, redes de hidrógeno o captura, almacenamiento y utilización de carbono, almacenamiento de energía, que también permitan la integración de sectores«.  En términos de acciones concretas, la Comisión apunta en su Comunicación, entre otras, la publicación en el transcurso de 2020 de una estrategia para la integración inteligente de los sectores energéticos – supuestamente incluirá el llamado “paquete de gas” y el diseño de un mercado competitivo para el gas descarbonizado-, una iniciativa de renovación para el sector de la construcción y los edificios y una estrategia sobre la energía eólica marina.

En el sector del transporte -que contribuye a un cuarto de las emisiones de CO2 de la UE- se necesita una reducción de las emisiones en un 90% en 2050. Para ello, la Comunicación anuncia la propuesta de una estrategia para la movilidad sostenible e inteligente, y financiación para apoyar el despliegue de puntos públicos de recarga y reabastecimiento de combustible como parte de la infraestructura de combustibles alternativos. La Comisión estima que en 2025 serán necesarios 1 millón de puntos de recarga para abastecer los 13 millones de vehículos con cero o bajas emisiones que circularán por las carreteras europeas.

Asimismo la Comisión evaluará en Junio de 2020, los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima (PNIEC) revisados y presentados por los distintos Estados Miembros a final de 2019, proponiendo si es necesario, medidas de seguimiento para ampliar el nivel de ambición.  También se anuncia la intención de revisar, cuando sea necesario, la legislación energética relevante para conseguir los objetivos de neutralidad climática señalando entre otras normas las recientes Directivas de Renovables y Eficiencia Energética, así como la Directiva sobre la imposición de la energía. Movilizar la investigación y fomentar la innovación es también una de las prioridades recogidas en la Comunicación, para mantener la ventaja competitiva de la UE en tecnologías limpias. Al menos el 35% del presupuesto del “Horizon Europe” financiará nuevas soluciones para el clima, relevantes para la implementación del “Green Deal”, respaldando entre otras, la investigación y la innovación en el transporte, incluyendo las baterías y el hidrógeno limpio, así como involucrará a las comunidades locales en el camino hacia un futuro más sostenible, en iniciativas que combinen el impulso social y el impulso tecnológico.

La Comunicación remarca que la transición hacia la descarbonización “tiene que funcionar para todos y ser justa, o no funcionará en absoluto” y, por lo tanto, una parte crucial en el “European Green Deal” es la ambición de movilizar 100.000 millones de euros y destinarlos a las regiones y sectores más vulnerables y que se verán afectados en mayor medida por los nuevos objetivos.

Por último, reiterar que la Comunicación tiene una visión amplia y también propone medidas por la biodiversidad y los bosques, la agricultura y la alimentación, las ciudades verdes y el desarrollo de la economía circular.

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¿Permitirá el Decreto Ley 16/2019 implementar las instalaciones de energía renovable necesarias para desarrollar la transición energética de Cataluña y cumplir los objetivos en materia de cambio climático?

Las novedades introducidas por el Decreto Ley 16/2019, de forma inevitable, nos llevan a preguntarnos si quedará superada la situación de estancamiento normativo y tramitación administrativa en la implementación de parques eólicos y plantas solares fotovoltaicas.

De entrada, las novedades destacables nos permiten, sobre el papel, dar una respuesta positiva. Tanto las modificaciones en la normativa urbanística como en el procedimiento de autorización se prevén con el objetivo de facilitar la implementación de estas tecnologías.

Toma especial relevancia el hecho de introducir los artículos 9 bis y 48 bis al Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el cual se aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo en tanto que prevén supuestos en los que no será necesario modificar el planeamiento urbanístico para conseguir autorización de la instalación.

En concreto, no será exigible la adecuación del planeamiento urbanístico vigente:

  • Cuando se ubiquen instalaciones de aprovechamiento de energía solar sobre cubiertas de construcciones o en espacios de parcelas no ocupadas por otras construcciones, siempre que se dé cumplimiento a los requisitos exigidos por el Decreto Ley 16/2016 relativos a la distancia y dimensión de la instalación.
  • Cuando las instalaciones de aprovechamiento de energía solar tengan como objetivo reducir la demanda energética de los edificios.

Por otra parte, se prevén otro conjunto de supuestos donde no será necesario modificar el planeamiento urbanístico o aprobar un plan especial urbanístico autónomo o de desarrollo. Aunque en estos casos será necesario aprobar un proyecto de actuación específico:

  • Cuando el planeamiento no contemple la ubicación de instalaciones de producción de energía derivados de energía solar eólica y solar fotovoltaica.
  • Cuando el planeamiento contemple el emplazamiento de estas instalaciones, pero sin establecer la ordenación detallada.

Por último, atendiendo que el Decreto Ley deroga el Decreto 147/2009 aplicable hasta ahora, quedan desplazadas las limitaciones de superficie y distancia establecidas en el caso de instalaciones fotovoltaicas ubicadas sobre suelo no urbanizable, de tal forma que se elimina así uno de los obstáculos en la implantación de esta tecnología.

Así pues, en lo relativo a la vertiente urbanística, el Decreto Ley 16/2019 establece medidas que tienen como objetivo facilitar la implantación de parques eólicos y plantas solares fotovoltaicas en tanto que el trámite de modificación y aprobación de los correspondientes planeamientos urbanísticos, históricamente, ha sido uno de los retos en el momento de acometer la autorización administrativa de este tipo de instalaciones.

Paralelamente, las modificaciones introducidas por el Decreto Ley 16/2019 en relación al procedimiento de obtención de dicha autorización se han adoptado con este mismo objetivo.

La gran novedad recae en la creación de un órgano colegiado, llamado Ponencia de energías renovables, que tendrá como principal función la comprobación de la viabilidad de los proyectos que se quieran llevar a cabo con carácter previo a tramitar el procedimiento de autorización.

Si bien podríamos entender que este órgano no facilitará el procedimiento atendiendo que está constituido por diferentes representantes de seis departamentos de la Generalitat de Cataluña competentes en la materia, lo cierto es que no solo evitará que iniciemos un procedimiento de duración considerable con la incerteza de sí, finalmente, el proyecto se autorizara sino que, por otra parte, no impedirá que iniciemos la tramitación si en el espacio de tres meses no se han pronunciado al respecto de la viabilidad del proyecto.

El pronunciamiento favorable de la Ponencia de energías renovables permitirá iniciar el procedimiento de autorización, pero, en ningún caso, el estudio de viabilidad supondrá la obtención de dicha autorización. Deberá seguir el procedimiento establecido por el Decreto Ley 16/2019 y superar los procedimientos de avaluación de impacto ambiental y la tramitación del proyecto.

Todos estos instrumentos normativos se articulan como herramientas jurídicas para dar respuesta a la emergencia climática y poder así alcanzar los objetivos de implantación de energías renovables previstas, tanto en la Ley 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climático, como en el PNIEC.

Los objetivos son claros; contribuir a la transición hacia una sociedad neutra en carbono en el año 2050. El decreto Ley 16/2019, que viene a reconducir el panorama que en Cataluña se puede calificar de desolador, atendiendo que la presencia de energías renovables ha sido testimonial, ha de facilitar el camino.

 

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Imagen de marca y prohibición de confusión a los consumidores, en el suministro eléctrico

Recientemente, el Regulador energético, la CNMC ha puesto el ojo en la imagen de marca de las empresas  comercializadoras de último recurso y las empresas distribuidoras -que afecta a los grandes grupos empresariales-, imponiendo determinadas medidas encaminadas a prohibir la confusión de marca e imagen de marca, de cara a los consumidores.

¿Ha apreciado alguna que otra modificación de color en la factura de suministro?, ¿Ha observado el  cambio de nombre de su empresa suministradora?

Estas modificaciones, operadas a través de la  factura de la luz son el resultado de una serie de medidas que desde el pasado año la CNMC ha obligado  a implantar  a las empresas comercializadoras de último recurso de electricidad para conseguir el cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 12.3 de la Ley del Sector Eléctrico (LSE); consistente en que dichos agentes no creen confusión a los consumidores en la remisión de información, presentación de marca, imagen de marca y denominación corporativa respecto de las filiales de su mismo grupo que realicen actividades de comercialización.

Las medidas instrumentadas por las empresas han consistido por una parte, en  modificaciones formales, como la modificación de su denominación social y logos e imágenes de marca; hasta modificaciones operativas y de funcionamiento, tales como la creación de páginas web, aplicaciones para teléfono móvil y teléfonos de atención al cliente independientes y diferenciadas para cada actividad, o la adaptación de contratos, facturas y comunicaciones escritas con los nuevos logos y denominaciones sociales acordadas, la creación de nuevos correos electrónicos con dominio propio e independiente para cada actividad, etc.

La  CNMC  venía constatando la persistencia de confusión entre los consumidores – sobre todo los domésticos – al identificar las empresas que intervienen en  la actividad de suministro, sean comercializadoras en el mercado libre o de último recurso, o las distribuidoras de energía eléctrica; llegando a la conclusión que eran necesarias medidas que permitan al consumidor diferenciar claramente cual es su empresa distribuidora, y cual es su empresa comercializadora -ya sea en mercado libre, o mercado regulado-.

Desde el punto de vista del Regulador, tal falta de diferenciación de los signos distintivos de las empresas en función de su actividad, influye y dificulta en gran medida al consumidor en la elección clara de comercializador; además de incrementar la dificultad de captación de clientes por parte de los nuevos agentes entrantes en el mercado.

Medidas que persigan aportar transparencia en el funcionamiento del Mercado eléctrico y las empresas que intervienen en la cadena de suministro son acertadas. No en vano, la Directiva (UE) 2019/944 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, pone al consumidor en el centro del nuevo diseño de Mercado. Por ello, la transparencia juega un papel importante para que el consumidor pueda elegir libremente el suministrador.

Siendo así, lanzamos una serie de preguntas, para que nos hagáis llegar vuestras reflexiones:

1. ¿Existe realmente una efectiva dificultad del consumidor doméstico en distinguir  entre una empresa comercializadora en el mercado libre, una empresa comercializadora en el mercado regulado -COR- y una empresa distribuidora?

2. ¿Han conseguido las medidas implantadas disminuir la supuesta confusión  en relación a los diferentes operadores del mercado que intervienen en el suministro  eléctrico?

3. ¿Debe avanzarse en la puesta a disposición de información que permita incrementar la posibilidad de comparabilidad de ofertas a los consumidores?

Y es que, al margen de garantizar la debida transparencia para un óptimo funcionamiento del Mercado, debería hacerse hincapié en combatir  aquellas prácticas engañosas -para captación de clientes- o de cambios de comercializador sin consentimiento por parte del consumidor, por el daño que dichas prácticas tienen para la imagen de las empresas, a los ojos del consumidor.

Y una última reflexión: no deberíamos intentar que la Energía  despierte  emociones en el consumidor? La transición energética, el cambio climático y el nuevo marco normativo definido por el «Clean Energy Package»  supone sin duda, una oportunidad.

¡Anímense y opinen!

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Las obligaciones de servicio público en el sector de la electricidad: el bono social

En octubre de 2018, el Tribunal Supremo (TS) declaró inaplicable el régimen de financiación del bono social establecido en el artículo 45.4 de la LSE -se trata del segundo mecanismo de financiación, que fue introducido por RDL 7/2016-  por resultar incompatible con la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE.

En aquella ocasión, el TS, en aplicación de la doctrina del “acto aclarado”, ampliamente aceptada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), expuso los motivos concretos que le llevaron a inaplicar una norma legal interna por vulneración de normativa europea sin necesidad de plantear cuestión prejudicial ante el propio TJUE.

Con motivo de aquella declaración, los sujetos obligados a financiar el mecanismo –las matrices de las sociedades o grupos que sociedades que realicen simultáneamente actividades de producción, distribución y comercialización de energía eléctrica y que tengan el carácter de grupos verticalmente integrados– recuperaron las cantidades abonadas en su día por este concepto.

Sin embargo, recientemente, el Tribunal Constitucional (TC) ha dictado Sentencia otorgando el amparo solicitado por el Abogado del Estado contra la Sentencia del TS que declaraba inaplicable el mecanismo de financiación.  Lo que obliga al Tribunal Supremo a revisar de nuevo el tema.

En sede del recurso amparo, el TC, modificando la doctrina que hasta ahora aplicaba al respecto del planteamiento de cuestiones prejudiciales, concluye que el TS no estaba exonerado de plantear tal cuestión si bien no concurrían los presupuestos necesarios para aplicar la doctrina del “acto aclarado”.

El pronunciamiento del TC ha causado cierto revuelo por recuperar así la doctrina del “doble canon de enjuiciamiento, ya superada. Y es que, el TC introduce de nuevo la posibilidad de no sólo controlar si la motivación que ofrece el TS en su Sentencia es suficiente para entender innecesario el planteamiento de la cuestión prejudicial, sino que, como sucede, le permite valorar si en acogimiento de los pronunciamientos de TJUE debió plantearse dicha cuestión antes de inaplicar una ley nacional.

Ahora, le corresponderá al TS, pronunciarse de nuevo en al respecto del mecanismo de financiación del bono social y su normativa de desarrollo, debiendo plantear con anterioridad cuestión prejudicial ante el TJUE.

El Tribunal Constitucional ofrece los motivos por los que considera debe otorgar el amparo: sin embargo y aunque  ahora el TC  admite un Recurso de Amparo, y lo concede, debe recordarse que  previamente -en el año 2012- había inadmitido el Amaparo planteado contra la sentencia dictada en el año 2012, planteada en los mismos términos que la actual.

El análisis del mecanismo de financiación del bono social está todavía abierto, con posibilidad de plantear cuestión prejudicial al TJUE: de nuevo, ¿es contrario a la Directiva comunitaria  2009/72/CE un mecanismo de financiación que impone la carga a unas empresas en concreto, sin explicitar los motivos por los que se dispensa al resto de actividades?

No sería más sensato que el coste del bono social pasara a ser financiado a través de los Presupuestos Generales del Estado, en la medida que es una medida de protección social?

 

 

 

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Real Decreto 244/2019, de autoconsumo

Soplan vientos en favor del autoconsumo:  El Real Decreto 244/2019, de 5 de abril,  establece el  nuevo marco regulatorio del autoconsumo, con diferencias sustanciales respecto al anterior marco, definido en su momento por el RD 900/2015.

1.- La primera novedad es la propia definición de «autoconsumo», en la medida que se define como el consumo de energía eléctrica, por parte de uno o varios consumidores,  proveniente de instalaciones «próximas a las de consumo y asociadas a los mismos». ¿Qué se entiende por ello?

Por una parte: a) las instalaciones de producción próximas de red interior, esto es, conectadas a la red interior de los consumidores asociados, o unidas a través de líneas directas, y b) las instalaciones próximas a través de red: cuando las instalaciones se conecten a redes de baja tensión derivada del mismo centro de transformación; o se conecten -instalación y consumidor-  a una distancia entre ellos inferior a 500 metros, o estén ubicados en la misma referencia catastral -14 dígitos-, estos es, dentro de la misma finca y parcela.

2.- Las modalidades de autoconsumo se concretan en dos: SIN excedentes -la instalación de un mecanismo antivertido impide la inyección de energía a la red-, y CON excedentes –además de suministrar energía para el autoconsumo, se permite la inyección de energía a la red-. A su vez, las instalaciones CON excedentes, pueden subdividirse en: instalaciones CON excedentes acogidas a compensación, o instalaciones no acogidas a compensación.

3.- Mecanismo de compensación simplificada: Para las autoconsumidores con excedentes acogidos a compensación se contempla un mecanismo de compensación simplificada -que vendría a ser el sistema de tarificación de factura neta-.

De esta forma, se efectúa una compensación -sólo de energía- a efectos de facturación: por un lado,  se determina el valor de la energía consumida de la red (A) y el valor de la energía vertida a la red (B). Mensualmente, sobre las cantidades que se deben facturar antes de impuestos, se deberá descontar del término de energía, la valoración económica de la energía excedentaria.

Debe tenerse en cuenta que, en ningún caso, a efectos de compensación, el valor de la energía horaria excedentaria puede ser superior a la consumida. De esta manera, se evita considerar que haya «actividad económica», y por tanto  la energía excedentaria no está sujeta al impuesto sobre el valor de la producción (7%) ni al peaje de generadores (0,5 €/ Mwh). Una vez efectuada la compensación, y sumado el importe correspondiente a los peajes -sobre la energía consumida de la red-, se aplican  los impuestos correspondientes -impuesto sobre la electricidad y el IVA-.

4.- Se regula el autoconsumo colectivo, que no era permitido con el RD 900/2015, permitiéndose por tanto que un grupo de consumidores  se alimenten, de forma acordada, de energía eléctrica proveniente de instalaciones de producción próximas a las de consumo. Por tanto, se permite en las comunidades de propietarios o en polígonos industriales. Ello es el primer paso para la creación de las comunidades locales de energía.

Por otra parte, para el autoconsumo colectivo sin excedentes se plantea la posibilidad de efectuar un reparto de la energía entre los consumidores implicados, mediante acuerdo, según los criterios de reparto estáticos fijados en el Anexo I del RD. En el futuro, el propio RD abre la puerta a que se regulen criterios de reparto dinámicos.

5.- Otro aspecto novedoso del RD es que se contempla una disociación entre titularidad y propiedad, de tal forma que en cualquier modalidad de autoconsumo el consumidor y el propietario de la instalación de generación podrán ser personas físicas o jurídicas independentes. Ello abre la puerta a diferentes modelos de negocios en el ámbito del autoconsumo.

6.- Ya lo establecía el RDL 15/2018, pero en todo caso cabe recordar que la energía autoconsumida de origen renovable, cogeneración o residuos está exenta de todo tipo de peajes y cargos.  Sin embargo, en la modalidad de autoconsumo con excedentes no acogida a compensación, los titulares de las instalaciones de producción están obligados a satisface los peajes a la generación (0,5 €/MWh).

7.- Desde el punto de vista de la medida, se contempla la obligación, por parte del consumidor, de disponer de un contador bidireccional en el punto frontera,  y para las instalaciones de generación, un contador  para el registro de generación neta -en los supuestos de: i) autoconsumo colectivo, ii) instalación «próxima de red», iii) instalaciones de generación de potencia nominal igual o superior a 12 MVA, iv) si la tecnología de la instalación de generación no es renovable, cogeneración o residuos y v) las instalaciones con excedentes no acogidas a compensación, si los servicios auxiliares y el consumo asociados no disponen de un único contrato de suministro.

8.- Se organiza un Registro estatal simplificado -gestionado por el MITECO- para fines estadísticos, con el fin de poder observar la evolución del autoconsumo. A tal efecto, se encomienda a la CNMC la labor de monitorización de su  desarrollo, debiendo remitir  al MITECO un Informe anual de seguimiento de las modalidades de autoconsumo y supervisión y control de impactos económicos.

No en vano, el artículo 21 de la Directiva UE 2018/2001 de renovables, relativo al autoconsumo, cuyo contenido  ha sido transpuesto mucho antes del plazo límite  previsto, esto es, 30 de junio de 2021, -establece que los Estados Miembros podrán aplicar cargos y peajes por la electricidad autoconsumida, a partir de 2026, si la cuota de autoconsumo supera un 8% la capacidad total instalada y se ve comprometida la viabilidad del sistema.

Sin duda, la nueva regulación supondrá un impulso para el autoconsumo, que supone otorgar a los consumidores la posibilidad de tener  un papel más activo en la gestión de la demanda. A su vez, supone una herramienta eficaz para el tránsito a una economía descarbonizada.

Del diseño que se haga de la metodología de los peajes y de los cargos -pendientes-dependerá su evolución. En todo caso, es necesario un diseño que dé las señales adecuadas y que evite se se produzcan distorsiones en la asignación de costes entre consumidores.

 

 

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